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Fallos Plenarios. Inexistencia de arbitrariedad. Rechazo de pedido de inconstitucionalidad del art. 303 del CPCCN.-





En los autos “Paredes Córdoba Margarita c/Coto CICSA s/despido” (Expte. Nº35.176/2008 – Sala II, del 02/11/2010), se cuestionó la doctrina plenaria alcanzada en el Acuerdo Plenario Nº312 del 06/06/2006 recaido in re “Martinez, Alberto c/YPF”, a través de un pedido de inconstitucionalidad del art. 303 del CPCCN, y asimismo, mediante la tacha de arbitrariedad de la solución alcanzada en la instancia plenaria.

Cabe recordar que el art. 303 del CPCCN establece que "La interpretación de la ley establecida en una sentencia plenaria será obligatoria para la misma cámara y para los jueces de primera instancia respecto de los cuales sea aquélla tribunal de alzada, sin perjuicio de que los jueces dejen a salvo su opinión personal. Sólo podrá modificarse dicha doctrina por medio de una nueva sentencia plenaria”.

A través de la opinión de la Fiscalía General (Dictamen Nº51.528 - la Sala II adhiere al criterio de la Fiscalía mediante S.D. 98.718 del 15/11/2010) se rechazan ambos planteos (inconstitucionalidad y tacha de arbitrariedad), señalándose que:

  • El art. 303 del CPCCN, no resulta inconstitucional, en atención a que no constituyen leyes en sí, ni normas generales; sinó que interpretan como cualquier otra sentencia el derecho positivo vigente.
  • La doctrina obligatoria alcanzada en el marco del plenario, no crea derecho, sino que, como que, como establece el propio art. 303 del CPCCN, se limita a interpretar el derecho vigente.
  • Resultaría incoherente, que se admitiera la tacha de arbitrariedad de una interpretación plenaria, que  el propio Tribunal en pleno propició.

En el Dictamen expresamente se expresó que:

“…tiene dicho la jurisprudencia de esa Alzada, que el art. 303 del C.P.C.C.N. no resulta inconstitucional, en la medida que se trata de una norma procesal que implementa un mecanismo para unificar la jurisprudencia, apuntando a la seguridad de los litigantes, sin que viole norma alguna de la Ley Fundamental; y que, si bien los fallos plenarios son vinculantes para los jueces en cuanto a la obligatoriedad de su aplicación, no constituyen en sí leyes ni normas generales, sino que “interpretan” como cualquier otra sentencia el derecho positivo vigente, y por lo tanto, no cabe admitir la tacha de inconstitucionalidad de los mismos (ver, entre otros, Sent Def. Nro. 13001 del 30/11/1988 en autos “Vidal Luis Alberto y otros c/E.N.T.E.L. s/cobro de pesos”, del registro de la Sala VIII y Sent. Nro. 62232 del 17/06/1988 en “Gil Martha y otros c/Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados” del registro de esta Sala II).

Ello, sin perjuicio de señalar que la doctrina recaída en un acuerdo plenario no crea derecho, sino que, como surge de la normativa procesal aplicable, se limita a interpretar el derecho vigente; siendo una decisión de los órganos legisferantes el alcance de su obligatoriedad al propio tribunal que lo dicta o a los jueces inferiores.

Lo expuesto pone de relieve que nos encontramos frente a opciones del legislador razonables, y que por otra parte, no lesionan garantías constitucionales precisas, y, en este aspecto, tanto el escrito de fs. 108vta. pto. III/113, como el memorial recursivo, presentarían cierto tinte dogmático. Recuerdo, sobre este ultimo aspecto, que esta Fiscalía General  ha sostenido reiteradamente, siguiendo la tesis sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el control de constitucionalidad debe ser ejercido con mesura, ya que es un acto de suma gravedad institucional, que sólo debe llevarse a cabo cuando la repugnancia con la cláusula constitucional surja de una manera clara y exista lesión cabal que deba ser reparada (ver, entre muchos otros, Fallos 285/322; 288:325; 290:226; y Dictamen Nro. 21.373 del 18/11/96 en autos “Lamonega Sonia Liliana y otros c/Astilleros y Fabricas Navales del Estado S.A.” y Dictamen Nro. 26.981 del 5/5/99 en autos “Varela Carlos c/Santarrosa de Argentina S.A. s/despido”, etc.).

En este contexto, y partiendo de la premisa de la constitucionalidad de la normativa impugnada, cabe adentrarse en el argumento vinculado con la arbitrariedad de la doctrina plenaria.
Al respecto, cabe puntualizar, como lo anticipara, que este Ministerio Publico ya sentó posición, incluso con anterioridad a la celebración del acuerdo plenario, y llegó a la misma interpretación que el pleno del Tribunal –vuelvo a remitirme al dictamen acompañado-. No sería coherente esta Función, si admitiera la tacha de arbitrariedad de una interpretación que ella misma propició.

No obstante lo cual, cabe señalar que la doctrina obligatoria alcanzada en el marco del plenario fue precedida por una intensa discusión jurídica y normativa que emerge de los distintos votos que formaron la postura mayoritaria y minoritaria; y esta circunstancia impide, también, tildar de arbitraria la solución del Plenario Nro. 312.
Propicio, por la consideraciones expuestas, confirmar lo resuelto respecto de la prescripción”.

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